La Primera Enmienda
"El Congreso no deberá hacer ninguna ley con respecto a un establecimiento de religión, ni prohibirá el libre ejercicio de la misma; ni recortara la libertad de expresión, o de la prensa, o el derecho de agrupación pacifica de las personas y de peticionar al gobierno por el desecho de agravios." La Primera Enmienda, en lo que se llama la Clausula de Establecimiento, garantiza la separación de la religión del estado y mediante la Clausula de Libre Ejercicio le prohíbe al gobierno interferir con el derecho de las personas al culto religioso según su escogencia. En conjunto, estos principios protegen nuestra libertad de practicar o no, una o ninguna religión.
La Clausula de Establecimiento
Cuando se adopto la Primera Enmienda, la mayoría de las 13 colonias originales aun tenían iglesias oficialmente "establecidas." En la mayor parte de la Nueva Inglaterra la Iglesia Congregacional estaba establecida, y en el Sur se "estableció" la Anglicana. Contando con el poder y respaldo del gobierno, estas denominaciones perseguían a menudo a miembros de diferentes religiones minoritarias. A los bautistas, cuáqueros, judíos y otros se les negaba el derecho de ejercer un cargo público y se les requería el pago de impuestos para sostener a la iglesia establecida.
Cuando se forjo la Constitución, muchos de sus forjadores habían llegado a creer fuertemente en el "des establecimiento." Por ejemplo, Tomas Jefferson escribió sobre la necesidad "de un muro separador entre la iglesia y el estado," y en 1785 James Madison escribió en su "Memorial y Amonestación que el estado no ayuda a la religión mas que para hacerle daño. En 1791, cuando se adopto la Declaración de los Derechos Civiles, este punto de vista estuvo reflejado.
Más de un siglo y medio más tarde, en 1971, la Corte Suprema, en su decisión de Lemon v. Kurtzman planteo una prueba de tres partes para determinar si una ley o política gubernamental ha brechado el muro entre la iglesia y el estado. La prueba Lemon , que aun se emplea en los juzgados actualmente pide (1) si la acción del gobierno tiene algún propósito religioso, (2) si el efecto primario de la acción del gobierno es la de avanzar o respaldar la religión; y (3) si la acción del gobierno genera un "enredamiento" excesivo con la religión. Si la respuesta a alguno de estos interrogantes es "si", entonces la ley o la política está violando la Clausula de Establecimiento.
La Clausula de Libre Ejercicio
Las raíces de la Clausula de Libre Ejercicio datan atrás a la historia temprana colonial. Roger Williams, quien huyo de la persecución religiosa en Inglaterra y en 1644 fundó Rhode Island como un santuario para las minorías religiosas, dijo que era un mandamiento de Dios que a todos los hombres se les otorgara "permiso de los cultos y conciencias mas paganos, judíos, turcos o anticristianos" en todas las Naciones y Países.
A pesar de este sentimiento, la intolerancia ha amenazado ocasionalmente la libertad de culto de las minorías religiosas. Debido a esto, a partir de 1940 La Corte Suprema ha entregado una serie de decisiones que conforma un fuerte de protección para la libertad religiosa. En 1940, la Corte sostuvo el derecho de los Testigos de Jehová a hacer proselitismo en una esquina de la calle (Cantwell v. Connecticut ), En 1943, la Corte fallo que los niños de los Testigos de Jehová no podían ser obligados a saludar la bandera en las escuelas públicas (West Virginia v. Barnette), En 1963, la Corte sostuvo que a un Adventista del Séptimo Día no se le podía negar seguro de desempleo debido a que ella rehusó trabajar en los días sábados (Sherbert v. Verner), Y en 1972, la Corte reverso la condena de un padre Amish que rehusaba enviar a sus hijos a la escuela mas allá del octavo grado (Wisconsin v. Yoder).
Sin embargo, no toda práctica religiosa está protegida, aun cuando la libertad de credo sea absoluta. Para determinar si un rito religioso en particular está amparado por la Clausula de Libre Ejercicio, la Corte Suprema desarrollo una prueba: La persona o grupo debe demostrar que: (1) el ritual está motivado por una "creencia religiosa sincera" y (2) que el Estado ha impuesto una recarga sustancial a dicha práctica. Si estos dos criterios confluyen, el gobierno debe acomodar la práctica religiosa a menos que el gobierno pueda demostrar que un "interés compele" a restringir la práctica y que el restringirla es la forma más leve posible de (los "medios menos restrictivos posibles") servir a dicho interés.
En 1990, La Corte Suprema cambio la prueba, socavando el derecho a la libertad de religión. En Employment División v. Smith , la Corte sostuvo la negación de beneficios de desempleo a dos miembros de la Iglesia Nativa Americana que habían sido despedidos de sus trabajos por fumar peyote un alucino génico que ha sido parte integral de las prácticas religiosas nativo americanas durante siglos. Este fallo elimino el requisito de que el gobierno pruebe que ha habido un "interés que compele" a restringir una práctica religiosa. El gobierno ahora solamente tenía que demostrar que, al restringir una práctica no estaba señalando a una religión en particular por tratamiento discriminatorio. El raciocinio de la Corte fue que el peyote le era prohibido a todos y que los nativo americanos no estaban siendo singularizados; por consiguiente, no tenían un reclamo de libre ejercicio.
Una coalición amplia de organizaciones de libertades civiles y religiosas (incluyendo la Iglesia Adventista) se conjugaron rápidamente para exigir que el Congreso reparara el daño a la libertad de religión causado por la decisión Smith. En respuesta, el Congreso paso el Acta de Restauración de Libertad Religiosa (Religious Freedom Restoration Act - RFRA) en 1993, que restauro el anterior sentido de que debe haber un "interés gubernamental que compele" para imponer cualquier y toda restricción en el libre ejercicio de una religión.
